La negociación colectiva sufrió en 2012 el mayor bloqueo de su
historia. Muchos asalariados quedarán amparados sólo por el Estatuto de
los Trabajadores y el Salario Mínimo. El fin de la ultraactividad
generará inseguridad jurídica y conflictividad.
Cerca de tres millones de trabajadores corren el riesgo de
quedarse sin convenio colectivo, y por tanto sin una regulación de sus
condiciones laborales, el día de San Fermín. Entonces se cumplirá un año
de la aprobación en el Congreso de la
reforma laboral y entonces
caducarán casi 1.800 convenios, la tercera parte de los existentes, si antes empresas y sindicatos no han sido capaces de firmar su renovación.
La amenaza no es pequeña si se tiene en cuenta que
la negociación colectiva ha sufrido en 2012 el mayor bloqueo de su historia.
La crisis económica y la propia reforma han fosilizado muchas mesas de
negociación, de forma que el año pasado sólo se firmaron 2.762
convenios, mientras que en 2009 se registraron 4.082, casi el doble. UGT
asegura que faltan por renovar hasta 3.000 convenios para 5,4 millones
de trabajadores. Entre los que más peligro corren, el del
metal de las tres provincias vascas (100.000 asalariados) o los estatales de
consultoría (100.000) y
prensa diaria.
Cobertura insuficiente
La reforma limitó a un año la llamada ultraactividad o prórroga automática de
los convenios, por la que seguían vigentes aun después de haber
caducado y mientras las partes negocian renovarlos. Se impide así que
surjan vacíos de regulación. Pero su eliminación era una demanda
tradicional de las patronales, que la consideran un freno para que las
empresas puedan adaptarse a los distintos ciclos de la economía. Los
sindicatos, por el contrario, defienden la ultraactividad como una
garantía de seguridad jurídica.
De hecho, temen que el 8 de julio miles de trabajadores –cerca de
tres millones de los más de 10 cubiertos por convenio– queden a merced
de la discrecionalidad del empresario. Ese día sus condiciones laborales
pasarán a regirse por el convenio de “ámbito superior” que sea
aplicable, si es que existe. Si no hay uno que los ampare (provincial si
decae uno de empresa, autonómico o estatal si decae uno provincial),
el Estatuto de los Trabajadores fijará sus jornadas, salarios, horarios o incluso el régimen disciplinario.
El problema es que esos convenios sectoriales, y por supuesto el
Estatuto de los Trabajadores, no regulan todos los aspectos de la
relación laboral ni lo hacen tan al detalle como los convenios de
empresa o los más próximos a ella. Es decir, los asalariados mantendrán
una cierta cobertura, pero ésta será insuficiente.
Doble escala salarial
Es más, puede darse el caso de que muchos empresarios pretendan pagar a sus plantillas el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
645,30 euros, a falta de cualquier otra tabla salarial, bien sea
cambiando las condiciones de trabajo de sus empleados, bien
estableciendo una doble escala salarial, al contratar a los nuevos
trabajadores con sueldos más bajos.
"Nadie va a pagar el Salario Mínimo", rebate el director general de Empleo,
Xavier Thibault, quien asegura que la ausencia de convenio "no interesa a ninguna de las partes" y puede hacer una empresa "ingobernable".
En cualquier caso, prevalecerán las condiciones por encima del
convenio que los empleados hayan pactado con el empresario y figuren en
los contratos. El problema es que la mayoría de ellos rehúye el detalle y se limita a añadir la coletilla
“según convenio” para
salarios, jornada… Los sindicatos auguran que la desaparición del
convenio permitirá individualizar las relaciones laborales.
Por ejemplo, para modificar esas condiciones superiores al convenio
consagradas en el contrato, el empresario sólo tiene que comunicárselo
al trabajador. Si no está de acuerdo, al empleado no le queda más opción
que
rescindir su contrato, cobrar 20 días por año de indemnización y acudir, si acaso, al juez.
“Están sembrando el pánico sobre lo que va a ocurrir cuando se cumpla
el plazo”, reprochó a los sindicatos hace escasas semanas el director
de Relaciones Laborales de la CEOE, José de la Cavada. Pero lo cierto es
que éstos tampoco presagian una
“selvatización de las relaciones laborales”,
en palabras del responsable de Negociación Colectiva de CCOO en el País
Vasco, Alfonso Peraita. “No creemos”, explica, “que vaya a haber una
bajada salvaje de salarios y pensamos que el efecto de sustitución será
lento”.
Miedo al "limbo" legal
En el
País Vasco el
bloqueo de la negociación colectiva es
mucho más intenso que en el resto de España, por las singularidades del
paisaje sindical –el enfrentamiento entre UGT y CCOO, por un lado, y
los nacionalistas ELA y LAB por otro– y la polarización de patronal y
representantes de los trabajadores, que se acusan mutuamente de
“cerrazón”. Hay convenios, como el del
mueble de Guipúzcoa, bloqueados desde 2002. En los últimos seis meses sólo se han firmado seis.
Según la secretaria de Acción Sindical de la UGT vasca, Maribel Ballesteros, unos
70 convenios decaerán en julio si
nadie lo remedia. De ellos, 46 irán directamente al Estatuto de los
Trabajadores y al Salario Mínimo como única referencia, mientras que
otros 24 podrán remitirse a algún tipo de marco estatal. Unos
380.000 trabajadores vascos, asegura Peraita, pueden verse afectados.
“Nunca se va a firmar un convenio que pretenda hacer la
contrarreforma laboral”,
advierte por su parte un portavoz de la patronal guipuzcoana, Adegi.
Según explica, los empresarios han ofrecido, pese a la crisis, mantener
salarios y jornada en muchos convenios, que se han bloqueado porque los
sindicatos condicionan su apoyo a que se recupere la ultraactividad y se
suprima la flexibilidad interna, las dos novedades que más elogia la
patronal de la reforma laboral. Maribel Ballesteros asegura que las
empresas presionan, en las mesas de negociación, con un
“ya llegará julio”.
“Están muy crecidos”. La responsable sindical dice que las empresas
utilizan el miedo al “limbo” legal que se abre el 8 de julio para forzar
a la baja la negociación de los convenios.
¿Bloqueo o caos?
Hasta esa fecha la estrategia sindical se basará en
arrancar de las patronales cláusulas de prórroga,
que establezcan en el propio convenio plazos de vigencia más allá de
julio. Algunos ya las tienen pero, si se firmaron antes de la reforma
laboral, el criterio de los juristas no es unánime sobre su validez.
Lo que no está claro es si los empresarios prefieren la falta de
reglas a prolongar la vida de un convenio bloqueado. “Me parece un salto
cualitativo importante”, subraya Íñigo Sagardoy, que preside uno de los
mayores despachos de abogados laboralistas del país, sobre la ausencia
de convenio.
Quedar en manos del Estatuto de los Trabajadores, indica, “generará inseguridad jurídica y más conflictividad en las empresas”.
Begoña P. Ramírez
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/50783-la-reforma-laboral-puede-dejar-sin-convenio-a-3-millones-de-trabajadores.html
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/08/15/la_reforma_amenaza_con_dejar_722_1011.html